La Fracción Parlamentaria del PRI presentó hoy una iniciativa para crear la Comisión Permanente para la Implementación de la Reforma Constitucional y Legal en Materia de Seguridad y Justicia.
De aprobarse, dicha Comisión se sumaría al trabajo que desarrollan los demás órganos legislativos que conforman el Congreso del Estado, pero sus facultades serían dictaminar las iniciativas que se refieran exclusivamente o sean motivo del Sistema de Justicia Penal.
Entre ellas figura la realización de medidas que permitan el intercambio de opinión con expertos en la materia, entre instituciones públicas o privadas, y tendría a su cargo la suscripción de los convenios de colaboración que sean necesarios y la coordinación con las instituciones en la materia.
En su exposición de motivos, el diputado Gaspar Quintal Parra subrayó que el Gobierno del Estado, en sus Tres Poderes, está comprometido con el estado de Derecho y tiene como máxima prioridad la implementación de un Sistema Penal Acusatorio.
Lo anterior, señaló, “obliga a que el trabajo del Congreso del Estado, en la implementación de este nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad, sea coherente con las características específicas de la realidad yucateca, cumpliendo con los plazos que se establece en la Constitución Federal”.
Pero sobre todo –subrayó- comprometido a hacer más eficiente el proceso legislativo, procurando la especialización de los diputados que integren la Comisión responsable de esta tarea, con el fin de garantizar que se cumpla con el espíritu de la Reforma.
En nombre de sus compañeros de la bancada del PRI, Quintal Parra precisó que, con motivo de este nuevo Sistema de Justicia Penal, al menos 17 ordenamientos locales precisan ser reformados.
Recordó que el 18 de junio de 2008 fue publicado el Decreto federal que constituye la Reforma Constitucional de Seguridad y de Justicia, con el fin de dotar al Estado Mexicano de elementos suficientes que permitan combatir la criminalidad, la impunidad, así como procurar e impartir justicia en forma pronta, clara y expedita.
El sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contados a partir del día siguiente de la publicación del Decreto.
Por su parte, las entidades federativas expedirán a más tardar en un año, a partir de dicha entrada en vigor, las leyes en materia de seguridad pública.
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