La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Yucatán signaron un convenio de colaboración, el primero de su tipo en el país, a fin de realizar acciones que permitan la plena inclusión y respeto de los derechos de las personas con discapacidad en la sociedad.
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, señaló que se han realizado acciones encaminadas a la inclusión de las personas con discapacidad, pero aún falta mucho para lograr el respeto de sus Derechos Humanos pues aún se enfrentan a limitantes en la calidad de servicios básicos como trasporte, trabajo, salud y educación.
En ese sentido, el Ombudsman reconoció el trabajo que realiza la sociedad civil a favor de este grupo en situación de vulnerabilidad, sobre todo, los que trabajan con personas de poblaciones marginadas, que además de la pobreza enfrentan la discapacidad en las familias.
“Por eso reconocemos el trabajo que realiza el CRIT al ofrecer servicios de calidad a personas de comunidades apartadas y marginadas, les ofrece la oportunidad de tener una vida digna”, precisó.
Por su parte, la Directora general del CRIT, Dolores Sánchez Escalante, señaló que el convenio de colaboración reafirma las acciones y los esfuerzos en la lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad.
“Recordamos que hace un año se aprobó, en nuestras instalaciones, la ley para la protección de las personas con discapacidad, y ahora Estas acciones nos permiten sentar bases más sólidas del trabajo que realizamos”, puntualizó.
En la firma de convenio, signaron como testigos el Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud, y el director operativo del CRIT, Heriberto Parra Meléndez.
En la encuesta “Personas con discapacidad y Derechos Humanos”, este grupo en situación de vulnerabilidad revela que son víctimas de: falta de accesibilidad en el transporte público y en los centros de trabajo, carencia de material didáctico especializado en escuelas, medios para expresarse, acceso a la información y consideran que el personal de salud desconoce como brindarles un “trato digno”.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, aplicó la encuesta “Personas con discapacidad y Derechos Humanos”, a personas con discapacidad y/o familiares de personas con discapacidad que viven en el estado de Yucatán con el objetivo de conocer, la situación de respeto y protección a sus derechos teniendo como base la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas.
En el apartado de igualdad y no discriminación, aún cuando el 60.4% de los encuestados consideraron no haber sido víctimas de discriminación en el último año, llama la atención que, por ejemplo, el 75.8% de los encuestados consideraron que el trasporte público no es accesible para las personas con discapacidad.
De las personas que consideraron haber sido víctimas de discriminación por parte de una autoridad, el 53.4% respondió que la autoridad pertenecía al sector educativo; el 56.4% afirmó que en el Estado las personas con discapacidad no gozan en igualdad de oportunidades que las demás personas al derecho a la educación; el 44.1% consideró que la educación pública que se imparte en el Estado no permite que las personas con discapacidad desarrollen su talento, creatividad, dignidad, personalidad, autoestima, aptitudes mentales y físicas.
Además, el 64.2% dijo que las escuelas no cuentan con las herramientas pedagógicas necesarias y suficientes para facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad, como el Braille y otros sistemas de comunicación alternativos, tales como el leguaje de señas.
Respecto a la accesibilidad, el 47.4% de las personas encuestadas consideraron que las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público, no son accesibles para las personas con discapacidad.
El 49.3% consideró que las instalaciones en las escuelas públicas no permiten la accesibilidad a las personas con discapacidad y el 56.7% de las personas encuestadas consideraron que las instalaciones en los centros de trabajo no son accesibles.
En referencia al transporte público, el 75.8% de los encuestados consideraron que no es accesible para las personas con discapacidad.
Esta violación a los Derechos Humanos repercute en otros derechos, ya que si el transporte público no es accesible, no se puede acceder a la educación y al trabajo, lo que puede dar como resultado doble o triple vulneración.
En el apartado de protección contra la explotación, la violencia y el abuso, el 63.8% de los encuestados respondieron que las personas con discapacidad sufren mayor explotación, violencia y abuso en comparación con las demás personas.
Respecto a la salud, el 57.7% consideró que el personal de los servicios de salud pública no está lo suficientemente sensibilizado para brindar un trato digno a las personas con discapacidad.
En cuanto a la habilitación y rehabilitación, el 46.6% de los encuestados consideraron que en el Estado las personas con discapacidad no cuentan con programas sociales, educativos, laborales y sanitarios que las capaciten para lograr su plena inclusión en la sociedad.
Además, el 66.8% consideró que los programas de habilitación y rehabilitación no llegan a todas las personas con discapacidad con independencia de su lugar de residencia para lograr su plena inclusión en la sociedad.
Y en trabajo y empleo, el 60.5% de las personas con discapacidad aseguran que no ejercen sus derechos laborales y sindicales en igualdad de condiciones con las demás personas.
Es importante destacar que el 50.1% de los encuestados consideraron que en el Estado no existen políticas públicas y/o programas que apoyen a las personas con discapacidad en el mercado laboral para que consigan trabajo o para que creen por su cuenta empresas o cooperativas propias.
Entre los objetivos del convenio, que tendrá una vigencia de un año, se encuentran realizar acciones de capacitación, educación, promoción, protección e información en materia de Derechos Humanos, siendo el principal los derechos de las personas con discapacidad.
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