Representantes de la Comisión integrada para su elaboración
concluyó, luego de dos meses de trabajo, una versión final de dicho Protocolo,
el cual será puesto a consideración de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura la próxima semana.
De ser aprobado por ambos plenos, Yucatán sería el primer
estado con un Protocolo de esta naturaleza, que se inspira en uno publicado a
inicios de este año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El documento, con cuatro capítulos y un directorio de
instituciones relacionadas con la atención y protección a niños, niñas y
adolescentes del estado, integra todo el marco legal nacional y local que prevé
garantías a los derechos humanos de este grupo de la población. También
concentra todos los Acuerdos, Convenciones y Tratados de los que México forma
parte y cuyo cumplimiento es obligatorio hoy en día para todos los juzgadores
locales.
También establece las
medidas que deberán adoptar los jueces yucatecos en cualquier proceso de
impartición de justicia, apegadas a los derechos de la infancia y recoge las
condiciones mínimas que deberán proveer cuando éstos se encuentran ante un
proceso de impartición de justicia.
El Protocolo tiene como fin último la protección de las
niñas, niños y adolescentes, ya sea como persona demandante o demandado, es
decir como víctima o testigo o como imputado, por lo que en esta Comisión
también participan los jueces especializados en el sistema de justicia para adolescentes
del PJEY.“Es muy importante el trabajo que se está realizando para poder cubrir
determinadas condiciones en relación a los menores y respetar las Convenciones relativas
a sus derechos, la meta es establecer este protocolo propio para su cumplimiento
por parte de nuestros jueces, magistrados y consejeros, pero también queremos
difundirlo y hacerlo llegar a instituciones que pueden ayudarnos a cumplirlo,
que hagamos sinergia en favor de la niñez yucateca”, expresó el Presidente del
TSJEY y del Consejo de la Judicatura Marcos Alejandro Celis Quintal, integrante
de la comisión.
El día de hoy la Comisión, integrada también por las Magistradas
Adda Cámara Vallejos, Leticia Cobá Magaña y Ligia Aurora Cortés Ortega y los
Consejeros Fanny Iut Arjona y Géner Echeverría Chan, sostuvo una reunión con
representantes de un grupo de dependencias relacionadas con el tema, quienes
formarán parte de un directorio anexo a este Protocolo.
Anteriormente, esta Comisión ha realizado cinco sesiones
internas durante dos meses de trabajo continuo.
A la reunión de esta mañana asistieron representantes de
Instituciones gubernamentales relacionadas con la atención y protección de
niños y adolescentes, entre ellas el Instituto de Defensoría Pública, de la Procuraduría
de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), del Ayuntamiento de Mérida,
de los Centros de Integración Juvenil, del Instituto para el Desarrollo de la
Cultura Maya, de la Comisión Nacional de Derechos Indígenas y de la
Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos.
También acudieron representantes de organismos civiles
relacionados con el tema. En la reunión, que es la última de una serie de
sesiones realizadas por la Comisión para la elaboración de este Protocolo, el
Magistrado Celis dijo a los asistentes externos que “Necesitamos que las mismas
organizaciones sociales nos ayuden a articular este esfuerzo, que sepan que el
PJEY está para servir a la sociedad. No sólo hablamos a través de las
sentencias, en realidad estamos abiertos a lo que está pasando en la sociedad y
nos interesa mucho el tema de los menores y de otros grupos vulnerables. Nos
interesa hacer sinergia con ustedes”.
La Comisión del PJEY que trabajó en la elaboración del
Protocolo también está integrada por los jueces de control del sistema oral
Antonio Bonilla Castañeda y Luis Solís Montero del sistema especializado en
justicia para adolescentes.
Igualmente colaboran las juezas del Tribunal Primero de
Juicio Oral Nidia Celis Fuentes, Fabiola Rodríguez Zurita y María del Socorro
Tamayo Aranda. Asimismo, se integró con las jueces 3º. Civil Margarita Vela
Vargas, 1º. Mercantil Elsa Rivera Uc y el juez 3º. Familiar Pedro Alfaro Gómez,
así como la juez 4º. Penal Verónica Burgos, quienes son juzgadores del sistema
actual en sus respectivas materias. Se prevé que luego de su aprobación, el
Protocolo sea de cumplimiento obligatorio para todos los jueces del sistema
judicial del estado y se difunda, mediante talleres y difusión, a otras
instancias gubernamentales y no gubernamentales y esté disponible para el
público en general.
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