Declaran improcedente una petición de juicio a un funcionario estatal

Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación por mayoría declararon improcedente una solicitud de juicio político promovido en contra del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Juan Ricalde Ramírez.



Después de un análisis sobre el tema, los legisladores concluyeron que la petición no procede en razón de que las conductas atribuidas al citado servidor público, no corresponden a las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, por lo tanto no amerita incoar el procedimiento respectivo.


Se expuso que desde el punto de vista jurídico y doctrinal no se aprecia que se haya puesto en peligro la subsistencia a la estabilidad del Estado o de la sociedad, que son valores que tutelan los intereses públicos fundamentales, o en su caso, que también con la conducta desplegada por el funcionario pueda presumirse que incurrió en una incorrecta administración o tramitación de los asuntos públicos, que como Secretario de Hacienda, le corresponde, es decir que se haya afectado el buen despacho de éstos.



Por ello, al no cumplirse supuestos jurídicos señalados en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, es indudable que no existe vulneración alguna por parte de Ricalde Ramírez, en su carácter de Secretario de Hacienda del Estado, a los intereses públicos fundamentales y el buen despacho de los mismos en el Estado de Yucatán.



Durante la discusión del mismo, los diputados de la fracción del PAN que integran la comisión, opinaron que existen argumentos suficientes para hacer el juicio al funcionario estatal, establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.



El presidente de la Comisión, Víctor Caballero Durán, manifestó que el análisis jurídico presentado por sus homólogos del PAN, no justificaba el procedimiento de Juicio Político al Secretario de Hacienda.



Por su parte, el diputado Carlos Pavón Flores coincidió con el presidente de la Comisión de que los planteamientos vertidos en la solicitud del juicio Político, no se reflejan en los artículos 7 y 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.



En la misma sesión, los legisladores recibieron la iniciativa popular presentada como propuesta para adicionar a la ley para la prestación social de las personas en edad senescente del Estado de Yucatán; y la iniciativa popular presentada por la Asociación Civil denominada “Proyecto Yucatán”, respecto de la Ley para la Protección Social de las Personas en Edad Senescente del Estado de Yucatán.



Al respecto, Caballero Durán señaló que estas iniciativas son consecuencia de que Yucatán sea una de los estados donde se permiten presentar iniciativas ciudadanas e hizo el señalamiento de la reunión que se tuvo con las personas que las presentaron y pidió que analizaran las iniciativas, para que el próximo lunes después del pleno en una reunión de trabajo, presenten propuestas y se comience el análisis de estas.



Estuvieron en la sesión, los diputados Víctor Caballero Durán, presidente; Martha Góngora Sánchez, vicepresidenta; Tito Sánchez Camargo y Carlos Pavón Flores, secretarios; Omar Corzo Olán y Renán Barrera Concha. El diputado Adolfo Calderón Sabido justifico su inasistencia.