La determinación de las penas así como la reparación del
daño serán dadas a conocer por el Tribunal en una audiencia programada para el
próximo 29 de mayo.
La audiencia de hoy inicio a las 9:00 a.m. La jueza María
del Socorro Tamayo Aranda, quien funge para este caso como presidenta del
Tribunal que también está conformado por Nidia Celis Fuentes y Fabiola
Rodríguez Zurita, dio inicio a la audiencia con los alegatos iniciales de la
Fiscalía y la Defensa. La Fiscalía pidió la pena máxima para el acusado y la
Defensa la mínima.
Ambas partes se refirieron al artículo 315 del Código Penal
vigente en el estado, el cual establece que “se equipara a la violación y se
sancionará con prisión de ocho a veinticinco años, y de doscientos a quinientos
días-multa, a quien sin violencia y con fines lascivos tenga cópula o
introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto
del miembro viril, a una persona menor de doce años de edad o a persona privada
de razón o sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera
resistir. Si además se ejerciere violencia física o moral, el mínimo y el
máximo de la sanción se aumentarán en una mitad”.
La Fiscalía también pidió una sanción pecuniaria establecida
en el artículo 315 del mismo Código. En su artículo 34 el Código Penal
establece que “la cuantía de la reparación será fijada por la autoridad
judicial, según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con los elementos
obtenidos en el proceso”.
La Fiscalía pidió también que el culpable sea amonestado
públicamente y que le sean negados loa beneficios de la ley de Ejecución de
sanciones que prevé la libertad anticipada, ya que el delito es grave.
Por su parte, la Defensa expresó en su alegato inicial que
solicitó la pena mínima debido a que el detenido ha colaborado para llevar a
cabo el proceso y ha aceptado su culpabilidad, además de que teniendo la
oportunidad, nunca intentó sustraerse de la acción de la justicia.
Argumentó que los
antecedentes de su defendido, en los cuales no se establecieron conductas
agresivas o violentas, también deben ser considerados por el Tribunal al
momento de establecer la sentencia relativa a las penas.
En la audiencia, que duró dos horas y media y se llevó a
cabo en una sala de oralidad del centro de justicia de Umán, la psicóloga especializada presentada por la
Fiscalía rindió su informe.
Explicó los resultado de un dictamen que concluye que la
menor víctima presenta afectaciones psicológicas y conductuales en comparación
con su conducta anterior, así como afectaciones sexuales y emocionales que
requieren tratamiento para resarcirlas, minimizarlas y que no afecten su vida
posterior.
Detalló que se realizó una evaluación integral que incluyó:
personalidad de la menor, estrés post traumático, afectaciones a corto y
mediano plazo que impidan su adecuado desarrollo psico sexual, repercusiones
por traición de confianza, estigmatización social y sentimientos de indefensión
por su vulnerabilidad.
Respecto de la reparación del daño, la especialista sugirió que
la menor víctima requeriría como mínimo de 6 a 12 sesiones psicológicas, cuyos
costos oscilan entre 500 y 700 pesos cada una.
En sus alegatos finales, ambas partes confirmaron sus
solicitudes al Tribunal. Al referirse al culpable, la Fiscalía dijo que éste
“se aprovechó de la confianza de su sobrina y no le importó que con su actuar
le causara daños para toda su vida”.
Por su parte, el representantes de la Defensa dijo que
“Justicia es dar a cada quien lo que le corresponda” y aunque ya se le declaró
culpable, la pena solicitada por la Fiscalía le pareció “injusta y excesiva”.
El pasado martes 22 de mayo, el Tribunal Primero de Juicio
Oral encontró al acusado culpable del delito de violación equiparada en contra
de su sobrina, delito cometido el 21 de noviembre de 2011.
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